HACIA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA SOCIEDAD:

HACIA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA SOCIEDAD:
ECO DEL PASADO, VOZ DEL FUTURO

Evidentemente nos encontramos ante una situación crítica, en la que el desarrollo sostenible debe convertirse en el pilar de la transición de la modernidad hacia una postmodernidad, lo que implica cambios radicales en las formas de pensamiento, más comprometidas hacia la reestructuración de los modos de producción y de consumo.
Sabemos que las sociedades actuales “compiten” diariamente por el poder económico, que emerge también desde la perspectiva globalizante, que garantiza una excelente posición y crecimiento de diversos órdenes, a nivel mundial. Por ello, es indispensable reconocer la función que cumple el medio ambiente y los recursos naturales, como base de sustentación material, ecosistémica, ambiental y energética de dichos procesos; y por ende a través de la innovación tecnológica, beneficiar y fortalecer el equilibrio ambiental de la tan conocida “huella ecológica”.
Al final de esta década, es claro que los problemas de pobreza, violencia, desigualdad y malos manejos políticos han menguado dramáticamente los recursos ambientales. Concretamente, en el ámbito nacional, es urgente superar la degradación de la calidad del agua, del suelo y del aire, especialmente en las zonas urbanas, que por el desplazamiento forzado, albergan a más de tres cuartas partes de la población de la región, y detener los procesos de desertificación y pérdidas de biodiversidad y de suelo para efectivizar no sólo los recursos actuales, sino para garantizar parte de estos, a las generaciones venideras.
Los nuevos desafíos ambientales globales, tales como el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono y la pérdida de la capa ambiental en áreas costeras y océanos, la desertificación y las crecientes tasas de extinción de especies de fauna y flora, entre otros, son una muestra de la insostenibilidad del estilo actual de desarrollo, que ponen en tela de juicio la escala axiológica entre los seres humanos y la naturaleza, los patrones culturales y la regularización de políticas estatales firmes y comprometidas. Por supuesto, esta gestión ambiental demanda políticas públicas postmodernas, acompañadas de instrumentos innovadores e interdisciplinarios como un reto sociopolítico del gobierno, para la reactivación y reestructuración ambiental.
Colombia posee condiciones ecológicas, económicas y sociales que le proveen de innumerables ventajas para ser más competitivo en el contexto de la globalización, y su enorme diversidad natural y cultural, junto con un enfoque innovador, puede crear conciencia política e institucional, que a su vez abra paso a la acción pragmática. No es una utopía creer que se pueda dar equidad entre el crecimiento económico y las metas de sostenibilidad, dentro de los esquemas de producción y consumo.
Todo lo contrario, ejemplos como la Conferencia de Río, han incorporado al debate del desarrollo sostenible, nuevos actores no-estatales, de la comunidad científica, el sector privado y la sociedad civil organizada, a la luz de grandes propuestas. No cabe duda que en la última década, las cuestiones ambientales, que fundamentan la calidad de vida, están adquiriendo mayor relevancia en la agenda política y ciudadana. Lo que pasa es que para que se dé una verdadera reestructuración, se requiere mayor inversión en servicios, tecnologías y sistemas de gestión ambiental; así como también cambios en las prácticas productivas y regímenes ambientales acordes y competentes con las exigencias de los mercados internacionales.
Tampoco se puede menospreciar el papel que ha ejercido el Poder Ejecutivo con la creación de un mayor número de ministerios del ambiente o entidades equivalentes, lo cual muestra que los gobiernos han asumido que los problemas ambientales deben ser encarados por el Estado. Sin embargo, los principios de protección ambiental y de desarrollo sostenible, siguen siendo visualizados por estos sectores, como una restricción al desarrollo y sumado a esto, se escudan en que la mayor parte de las decisiones le corresponden a las autoridades económicas, quienes no pueden abordar las implicaciones ambientales explícitamente.
Las políticas públicas se han centrado en las instancias del poder Ejecutivo y poco se ha avanzado en el papel del poder Legislativo y el poder Judicial. En la mayoría de los países se han creado comisiones especializadas para avanzar en el debate legislativo sobre temas ambientales. Hace falta fortalecer las capacidades del poder legislativo para responder a las demandas ciudadanas y para brindar mayor sustento legal a las políticas ambientales y a los compromisos internacionales adquiridos por el Poder Ejecutivo.
En conclusión, la cultura y conciencia ambiental con profundas bases ciudadanas, desde la formación en las aulas académicas, en los hogares, en el Estado-Nación, etc, enriquece las perspectivas democráticas, planteando no sólo nuevos derechos humanos vinculados con el desarrollo sostenible, sino un proyecto de democracia social que promulgue el clamor de la sociedad, en torno a un proyecto político plural, que comprenda el futuro ambiental, como una realidad latente y como factor indispensable de supervivencia y bienestar.
El gran desafío en nuestro país sigue siendo que la sociedad y los gobiernos logren valorar e interpretar profundamente la transformación estructural que conlleva el desarrollo sostenible. Esta transición requiere la construcción de una visión común a mediano plazo, con un marco de políticas públicas que logren movilizar a todos los actores sociales y económicos hacia el logro de los objetivos en sus dimensiones económicas, ecológicas, de gobernabilidad y de integración.